El ciclo de vida en un programa público.

El ciclo de vida en un programa público.

El ciclo de vida de un programa público nace del análisis político de las necesidades sociales que sus responsables aspiran cubrir.

¿Qué necesidad quiero satisfacer? ¿Qué presupuesto puedo asignarle? ¿Qué otras políticas eliminaré o reduciré en su asignación? En la administración, como en casi todos los ámbitos de la vida, se aplica de forma inapelable el principio del coste de oportunidad. Pero es quizás en la administración local donde este principio cobra un mayor protagonismo debido al carácter más estático de sus presupuestos, los cuales cuentan con unos ingresos fiscales menos dependientes del ciclo económico, con un escaso margen social de subida y una política de gasto cuasi estructural donde los gastos corrientes y de personal son sus protagonistas.

En el procedimiento contractual, estas preguntas se materializan en la denominada motivación de las necesidades a satisfacer; donde se determina cuáles son estas necesidades, porque se tiene que celebrar un contrato para satisfacerlas, la carencia de medios propios para llevarlas a cabo y, para los contratos de obras y concesión de servicios, un estudio previo de la viabilidad económica.

La materialización de este proceso en un pliego de contratación primero y en una adjudicación al contratista seleccionado después, ha sido hasta ahora la fase del procedimiento más observada por sus responsables, debido en gran parte a la vigilancia que los potenciales adjudicadores han puesto sobre esta, llegando en su caso a censurar la objetividad de la administración ante los tribunales.

En los pliegos se ha de determinar con meridiana claridad el objeto del contrato, la finalidad perseguida, el resultado final que se pretende y la previsión sobre posibles incidencias a lo largo de la ejecución del contrato que pueden ir desde posibles prorrogas, infracciones, sanciones, etc.

Además, la necesidad de que la actividad administrativa resulte favorable a los ciudadanos ha llevado a que en el contrato se recojan medidas de carácter social, ambiental y ético, realizándose un seguimiento sobre su incidencia. En este sentido sería aconsejable que se señalasen los objetivos perseguidos y un cronograma de su incidencia a corto, medio y largo plazo para realizar un seguimiento y verificar su eficacia.

Ahora bien, como señaló Campos Acuña (2018), “situamos el foco del contrato en la elaboración del expediente de contratación, redactamos magníficos pliegos, tanto administrativos como técnicos, imponemos múltiples obligaciones y requisitos que deben concurrir en la ejecución del contrato, pero una vez adjudicado, aparcamos el contrato, lo entregamos al adjudicatario y no volvemos a preocuparnos del mismo hasta su liquidación”. Aquí es donde el legislador quiere cambiar la práctica del sector público y, junto con la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, exige en el art. 62 la existencia del responsable del contrato, cuya función es la de velar por su correcta ejecución.

Finalmente, una vez ejecutado el contrato, el primer ciclo de vida de nuestro programa llega a su fin, siendo ahora el momento de analizar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos, su incidencia social y la percepción que ciudadanos, usuarios, trabajadores y responsables políticos tienen sobre el mismo. Hemos de ser capaces de obtener y procesar toda esta información de cara a valorar la necesidad de incorporar modificaciones que garanticen la viabilidad futura del programa o plantearnos la continuidad del mismo.

Es el momento de la comunicación, sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. (Preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Empecemos a ver la transparencia como una oportunidad.

 

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